El Ministerio del Interior ha dado un paso decisivo hacia la armonización legislativa con el Derecho Comunitario. Tras la aprobación en el Consejo de ministros de dos anteproyectos de ley, España inicia la adaptación de su ordenamiento normativo al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA).
Esta revisión legislativa impactará en la gestión de la protección internacional y actualizará procedimientos clave en materia de extranjería.
1. Sustitución de la Ley de Asilo: hacia un procedimiento más ágil y adaptado
La propuesta del Ejecutivo contempla la derogación de la Ley 12/2009 de Asilo para dar paso a un texto legal que resuelva la obsolescencia y las carencias reglamentarias acumuladas en los últimos años.
Las claves del nuevo anteproyecto destacan por:
· Implantación del procedimiento acelerado: Se fija un plazo máximo de resolución de tres meses para agilizar la tramitación de expedientes, buscando reducir el colapso administrativo actual.
· Regularización del procedimiento en frontera: Las solicitudes formalizadas en puestos fronterizos permitirán la estancia provisional del solicitante en dependencias policiales por un periodo máximo de doce semanas mientras se valora la admisión del expediente.
· Ampliación de los supuestos de protección: Se actualizan las causas de concesión del estatuto de refugiado y de la protección subsidiaria, tipificando expresamente circunstancias de persecución por motivos de género, identidad o expresión de género, y discapacidad.
· Reforma del régimen de impugnación: Se simplifica el itinerario de recursos. Se elimina la vía previa administrativa obligatoria para permitir la impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, acortando los tiempos de litigiosidad.
· Clarificación del estatus de estancia: La admisión a trámite garantizada durante la instrucción no constituirá un título de autorización de residencia. Ante una resolución denegatoria, el dictamen incorporará automáticamente la obligación de abandono del territorio nacional.
2. Modificaciones en la Ley de Extranjería: controles de acceso y retorno en frontera
La revisión de la Ley de Extranjería mantiene un alcance acotado a las exigencias impuestas por el reglamento comunitario, focalizándose principalmente en los accesos irregulares en fronteras exteriores:
· Mecanismo de triaje fronterizo: Se instaura un protocolo inicial de obligado cumplimiento previo a la autorización de entrada. Este proceso abarcará evaluaciones médicas, detección preventiva de vulnerabilidades, verificación de identidad, registro biométrico y comprobaciones de seguridad.
· Plazos de actuación: Aunque la normativa europea autoriza la extensión de este control previo hasta un máximo de siete días, la propuesta española fija un límite ordinario de 72 horas, prorrogable únicamente mediante autorización judicial justificada.
· Procedimiento de retorno exprés: Se habilita una vía ágil de repatriación para aquellas personas que accedan de forma irregular y no reúnan los requisitos para ser beneficiarias de protección internacional, con un plazo límite de resolución fijado en doce semanas.
Estado de la tramitación y previsión normativa
Cabe recordar que ambos textos se encuentran en fase de anteproyecto (primera lectura en Consejo de ministros). Antes de su remisión a las Cortes Generales para la correspondiente tramitación parlamentaria y enmiendas, las propuestas deberán someterse a los informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado.
Desde nuestro equipo seguiremos de cerca el desarrollo legislativo para evaluar el impacto definitivo que estas modificaciones tendrán en el ámbito de la extranjería y la movilidad internacional.
